La privatización sanitaria en España ha venido desarrollándose progresivamente desde finales de los años ochenta. Encontrando cobertura en la supuesta racionalización del gasto, el capital privado comenzó entonces a abrirse camino, de manera lenta y silenciosa, en el sistema público de Salud. Sin embargo, es a partir del año 1996, tras la llegada de José María Aznar al Gobierno de la nación, cuando comienza en España una auténtica cruzada privatizadora basada en la búsqueda de la llamada eficiencia del sistema. Cataluña, Valencia y Madrid se han convertido en exponentes de la externalización de servicios sanitarios y de la privatización de la gestión hospitalaria que han avanzado a pasos agigantados en la última década. El proceso ha sido tremendamente complejo y ha estado plagado de irregularidades, lo que se ha traducido en un reguero de altos cargos imputados y, sobre todo, en una fuerte oposición social y profesional unificada en un movimiento reivindicativo sin precedentes: la marea blanca.
Pero ¿quién se ha beneficiado del la privatización sanitaria en España? La lista es larga: gobiernos que han podido inaugurar hospitales sin incurrir en déficit y al tiempo externalizar los recortes presupuestarios traspasándolos a empresas libres de rendir cuentas ante sus electores; expolíticos que han rentabilizado desde el sector privado su experiencia previa como gestores públicos; compañías norteamericanas y británicas que se han hecho por la vía de la compra con buena parte de los activos nacionales privatizados; fondos de capital riesgo con expectativas de grandes beneficios a corto plazo; consultoras, despachos de abogados…¿Cuánto han ganado y cuánto pueden llegar a ganar en el futuro?
